El 5 de diciembre del 2011 FIAN Ecuador se presentó en Ginebra ante los miembros del Grupo de Trabajo de la Pre-Sesión 47 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para suministrar información alternativa a los miembros del Comité. La delegación ecuatoriana estuvo integrada por Pablo de la Vega, Coordinador Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo-PIDHDD; Lina Cahuasquí, Directora Ejecutiva de FIAN Ecuador y Jaime Paucar, Presidente de la Comunidad Indígena de la Toglla, quienes plantearon preguntas al Estado ecuatoriano en el marco del Informe que presentará sobre el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 2012. Estuvieron además acompañados por Ana Maria Suárez Franco, Representante de FIAN Internacional en Ginebra; Angélica Castañeda del Secretariado Internacional; Christine Bruckner y Claudia Konrad de FIAN Alemania.
De la Vega, reconoció que si bien el Ecuador ha sido uno de los primeros Estados en someterse al Examen Periódico Universal (EPU) y ha asumido voluntariamente varios compromisos como mantener la invitación abierta con los Mecanismos y Procedimientos Especiales de Derechos Humanos tanto de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano para la constatación in situ de los derechos humanos en el país. Sin embargo, en los últimos tiempos el Ejecutivo ha iniciado una arremetida contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en foros internacionales como la reciente Cumbre de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Caracas Venezuela. Así mismo, expresó su preocupación por la limitada capacidad del Estado Ecuatoriano para implementar las recomendaciones de los órganos de supervisión de los tratados internacionales de derechos humanos y cuestionó al Estado Ecuatoriano por la persecución y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos.
Por su parte Lina Cahuasquí, señaló que si bien la Constitución Ecuatoriana garantiza los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) con los denominados Derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay como el derecho humano al agua, a la alimentación, establece el principio de soberanía alimentaria, leyes como la Ley Minera, la Ley de Desarrollo Agrario entran en contradicción con los principios constitucionales. Llamó la atención sobre la reconcentración de la tierra y el agua en el Ecuador, el privilegio del agro negocio en detrimento de la economía familiar campesina, las graves amenazas de las que han sido víctimas asociaciones campesinas por el incumplimiento del Estado en su obligación de garantizar los DESC y en particular el Derecho Humano a la Alimentación. Preguntó al Estado Ecuatoriano ¿cuándo a va aprobar la Ley de Aguas e iniciar el debate de la Ley de Tierras, así como implementar una Reforma Agraria con visión integral, así como se elimine las irregularidades en los programas de asistencia alimentaria.
Jaime Paucar, presidente de la Comunidad Indígena La Toglla hizo un breve recuento de la lucha de su comunidad por defender la tierra ancestral de las amenazas de intereses inmobiliarios que impiden el Derecho a la Alimentación y soberanía alimentaria. Afirmó "A pesar de todo el proceso judicial y la lucha de estos años, un aspecto positivo que se puede resaltar, es que nuestra Comunidad aprendió a ejercer sus derechos y sus pobladores se convirtieron en defensores de derechos humanos”. Cuestionó el papel de los notarios y registradores de la propiedad que registran títulos de propiedad obtenidos de forma ilegal sobre tierras comunitarias y planteó al Estado ecuatoriano ¿Qué está haciendo para garantizar el respeto a la propiedad colectiva de las tierras?
Miembros del Comité también plantearon preguntas a la delegación ecuatoriana sobre las acciones que el Estado está implementando para que las comunidades con propiedad colectiva accedan al crédito o si existen estadísticas oficiales sobre tierra colectiva.
