A los Estados de UNASUR y de la OEA
A los ciudadanos y ciudadanas de América
Las organizaciones y personas que suscribimos el presente manifiesto,
Considerando:
Que, los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) acordaron reunirse, este 11 y 22 de marzo, en el ámbito de UNASUR y la OEA, en las ciudades de Guayaquil y Washington DC, respectivamente, para discutir el futuro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante “SIDH” o “Sistema”);
Que, desde su nacimiento, los órganos del SIDH han tenido como objetivo principal el promover, proteger y tutelar los derechos humanos en las Américas;
Que, existe la posibilidad de que las expectativas de las víctimas, verdaderos usuarios del Sistema, no sean incorporadas en la discusión,
Acordamos:
Expresar nuestra profunda preocupación por el proceso impulsado por varios Estados de la región, entre ellos el Ecuador, tendiente a reformar la estructura y funcionamiento del SIDH que, transcurridos 65 años desde su creación y si bien no se ha consolidado completamente, ha demostrado su eficacia en la defensa de los ciudadanos y sus derechos.
Exigir que, la sociedad sea informada veraz y oportunamente sobre las propuestas de reforma al SIDH que impulsan los Estados, que, pueden debilitar, en lugar de fortalecer, los mecanismos normativos e institucionales de protección internacional de los derechos humanos. Las modificaciones que a través de su historia ha sufrido el SIDH, siempre tuvieron como eje central el ampliar y fortalecer la protección de los derechos fundamentales de las personas y dotar de mayor agilidad y eficiencia a los órganos de supervisión, como son la Comisión ( en adelante “CIDH”) y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, a través de, la ampliación progresiva del catálogo de derechos protegidos, la atribución de nuevas responsabilidades a cada uno de los órganos y el reconocimiento de la autonomía necesaria de los mismos. Ese debería ser el espíritu que impulse cualquier futuro proceso de reformas.
Expresar nuestro rechazo a este proceso ya que, a partir de la información y documentación difundida por parte de los propios Estados Americanos, se puede apreciar que, por primera vez en la historia del Sistema, la intención de la reforma, actualmente en discusión, es limitar el ámbito de acción de los órganos de supervisión y supeditarles al interés de los Estados, en lugar de a la defensa del interés público y de las víctimas. Conocemos que, entre las propuestas que se discutirá en las próximas semanas están las siguientes:
1) Suprimir progresivamente la intervención de la CIDH en el estudio y decisión de peticiones individuales por violación de derechos humanos;
2) Limitar los recursos económicos de ambos órganos a partir de la prohibición expresa de recibir donaciones;
3) Suprimir el mecanismo de medidas cautelares a nivel de la CIDH;
4) Fijar desde la visión estatal los mandatos y tareas de las relatoría temáticas de la CIDH;
5) Establecer causales de exclusión para el trámite de denuncias, bajo criterios no previstos, actualmente, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
6) Limitar las actividades de la CIDH a procesos de promoción y asesoría, suprimiendo las facultades convencionales de estudiar la situación general de derechos humanos en los países miembros de la OEA y formular recomendaciones para avanzar en la implementación de las obligaciones estatales de respeto y garantía de los derechos.
Recalcar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la CIDH han sido un baluarte para la reconstrucción de la memoria de las víctimas de las más graves violaciones de derechos humanos en el continente, llegando, en su mayoría, a las personas más vulnerables de las sociedades latinoamericanas, como niños, niñas, y adolescentes, campesinos, gente de escasos recursos económicos, mujeres, pueblos indígenas, organizaciones sociales, entre otros. Su labor se ha legitimado a través de los años por medio del cumplimiento de los informes y las sentencias de sus organismos por parte de los Estados, e incluso del reconocimiento de responsabilidad internacional respecto a las violaciones incurridas a los derechos humanos en varios escenarios vividos a través de la historia reciente.
Recordar que, la CIDH ha contribuido en la mayoría de avances en materia de derechos humanos, no únicamente en informes temáticos o por país y visitas in loco, sino que, principalmente en informes generados a partir de peticiones individuales y otorgamiento de medidas cautelares, constituyéndose así en un importante referente para otros Sistemas internacionales de protección, como la misma Corte Europea de derechos humanos.
Advertir que, en escenarios donde podrían existir serias dudas acerca de la independencia e imparcialidad de quienes conforman los más altos órganos de administración de justicia, y donde los mecanismos de tutela y protección resultan inefectivos o inadecuados o se desean limitar, es necesario contar con órganos supranacionales fortalecidos, donde las víctimas de violaciones a derechos humanos puedan buscar justicia y reparación.
Quito, 11 de marzo de 2013
Firman:
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
Acción Ecológica
Comité Nacional de víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad.
Foodfirst Information and Action Network – FIAN Ecuador
FUNDAMEDIOS
Centro Interamericano de Investigación y Litigio en Derechos Humanos – CILDEH
Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía – RAMA
Centro Lianas
Juan Pablo Albán – Catedrático de la Universidad San Francisco de Quito
Daniela Salazar - Catedrática de la Universidad San Francisco de Quito
David Cordero Heredia - Catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
